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    Red de contrabando tras el caso Ruffo: FGR va por más empresarios y gasolineras

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    La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre huachicol fiscal que derivó en la vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es solo la punta del iceberg. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que las pesquisas abarcan a una red mucho más amplia de empresarios y compañías dedicadas al contrabando de combustible desde Estados Unidos.

    Durante la conferencia matutina llevada a cabo en el Cuartel General de la 24/a Zona Militar en Cuernavaca, Morelos, la mandataria detalló que el Ministerio Público Federal mantiene una indagatoria integral que abarca desde el cruce fronterizo ilegal hasta la venta final al consumidor.

    Así operaba la red de contrabando de combustible
    De acuerdo con la titular del Ejecutivo Federal, la indagatoria requirió más de un año de trabajo continuo debido a la complejidad del esquema impositivo y logístico que utilizaban los involucrados.

    “No solo se trata de un número de ferrotanques o de tanques que venían en ferrocarril y nada más, sino que la Fiscalía investiga estos ferrotanques que pasaron la frontera sin declarar la cantidad de diésel que traían… Hay muchas otras empresas relacionadas que también lo hicieron”, explicó Sheinbaum.

    Las tres fases bajo la lupa de la FGR:
    Entrada ilegal: Ferrotanques ingresaban por la frontera declarando volúmenes menores o productos distintos para evadir impuestos.

    Almacenamiento: Infraestructura privada recibía y ocultaba el diésel y la gasolina de contrabando.

    Distribución: El combustible terminaba comercializándose en diversas gasolineras del país de manera supuestamente regular.

    Vinculación a proceso y caso abierto
    El pronunciamiento se da luego de que un juez federal vinculara a proceso a Ernesto Ruffo junto a otras siete personas por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando calificado.

    Sheinbaum enfatizó que la investigación permanece abierta y que no se limitará a los perfiles políticos, sino a todos los actores económicos que participaron en la cadena de distribución ilegal.

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