La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no existe un plazo legal establecido para que las autoridades de Estados Unidos envíen las pruebas que sustenten las acusaciones por presunto narcotráfico en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó el estatus jurídico de la petición enviada por una oficina del Departamento de Justicia de la Unión Americana. Detalló que, al tratarse de una fase preliminar y no de un juicio formal, el Gobierno de México está completamente facultado para rechazar la solicitud si no se aportan los elementos probatorios suficientes.
Sheinbaum hizo hincapié en la diferencia de los procedimientos internacionales, aclarando que la situación del mandatario sinaloense corre bajo una figura jurídica específica:
El estatus actual: Estados Unidos emitió una solicitud de detención urgente con fines de extradición.
La postura de México: El gobierno mexicano sostiene que, hasta el momento, no se ha entregado ninguna prueba que justifique la captura.
El escenario de rechazo: De no presentarse las evidencias, México desechará la solicitud de detención provisional, obligando a EU a abrir un juicio formal si desea insistir.
“No hay plazo, no hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición. Recuerden que en este caso lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la detención urgente (…). Nosotros hemos dicho que no hay pruebas y no se ha entregado ninguna”, precisó la titular del Ejecutivo desde el Salón Tesorería.
A pregunta expresa sobre si la administración federal contempla la posibilidad de negarse rotundamente a la entrega del morenista, la presidenta fue categórica: “Sí, totalmente. Si no hay pruebas, el Gobierno dice no”.
Asimismo, la mandataria recordó que este tipo de negativas no son extraordinarias en la relación bilateral y que existen antecedentes donde México ha frenado detenciones por falta de sustento jurídico. Como ejemplo, citó el caso de un exgobernador de Tamaulipas y cerca de 15 procesos similares que han sido rechazados bajo el mismo argumento en el pasado.
Finalmente, Sheinbaum aclaró que esta vía diplomática corre de manera independiente a las indagatorias que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera realizar a nivel local, dejando el futuro del funcionario sinaloense en manos de la solidez de los expedientes que la justicia estadounidense logre —o no— consignar.
