El Senado aprobó en lo general la reforma constitucional conocida como “plan B” en materia electoral; sin embargo, el proyecto fue modificado luego de que el Partido del Trabajo (PT) retirara su respaldo a los cambios sobre revocación de mandato.
Con 87 votos a favor y 41 en contra, Morena y el Partido Verde lograron sacar adelante el dictamen, pero sin los seis votos del PT necesarios para mantener intacta la propuesta original. Como resultado, se eliminaron las modificaciones al artículo 35 constitucional que planteaban permitir a la presidenta Claudia Sheinbaum promover la revocación de mandato en 2027 y empatarla con la elección intermedia.
El líder del PT, Alberto Anaya, marcó la postura de su bancada al desmarcarse de ese punto específico del dictamen.
“Nos separamos del contenido en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”, declaró, lo que evidenció una inusual fisura dentro del bloque oficialista.
La reserva fue presentada por la senadora petista Liz Sánchez, quien argumentó que mezclar la revocación de mandato con el proceso electoral podría distorsionar su sentido democrático. La propuesta fue respaldada por Morena tras acuerdos previos entre ambas fuerzas.
Pese a este ajuste, el resto de la reforma —que contempla medidas de austeridad y reducción de recursos a congresos estatales, el Senado y regidurías— fue aprobado con el respaldo del bloque mayoritario.
Desde Morena, el senador Ignacio Mier defendió el acuerdo alcanzado y negó que la modificación represente una ruptura en la coalición gobernante, al señalar que se trató de un ejercicio para “cuidar la arquitectura legal del país”.
En contraste, la oposición celebró la decisión del PT y reiteró sus críticas al proyecto. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la propuesta original buscaba beneficiar políticamente al partido en el poder y alertaron sobre posibles riesgos para el equilibrio democrático.
Aunque el oficialismo sostuvo que la alianza se mantiene firme, la votación dejó ver tensiones internas poco comunes en la mayoría legislativa.
La minuta será enviada a la Cámara de Diputados y posteriormente a los congresos estatales para su eventual aprobación.
