La dirigencia de Morena escaló su reclamo por los resultados de la jornada electoral en Coahuila al denunciar que los comicios estuvieron marcados por violencia institucional, persecución política y un presunto esquema de compra masiva de sufragios que el partido denominó “QRGate”. Tras el cierre de las votaciones, el Consejo Nacional y los consejos estatales del partido fijaron una postura unificada para respaldar al Comité Ejecutivo Nacional en el inicio de una ruta legal y jurisdiccional que buscará defender la votación ante las autoridades electorales y financieras correspondientes.
A través de un pronunciamiento conjunto, el movimiento encabezado por Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, y los líderes de los consejos estatales manifestaron su más enérgica condena frente a los acontecimientos reportados durante las elecciones del pasado 7 de junio. La dirigencia morenista acusó formalmente que la jornada electoral estuvo atravesada por acciones directas de intimidación en contra de sus militantes, simpatizantes y legisladoras federales. Asimismo, calificaron como ilegales y arbitrarias diversas detenciones operadas por agentes de corporaciones policiacas del estado, a quienes señalaron de actuar como brazos de coacción política.
Los consejeros nacionales y estatales advirtieron que estas prácticas vulneran de manera grave los principios básicos de la competencia democrática, por lo que adelantaron que acudirán a las instancias legales para impugnar de fondo las irregularidades que, desde su perspectiva, empañaron la legitimidad de los resultados que favorecieron a la oposición. El partido insistió en que los resultados de cualquier proceso electoral deben surgir de una voluntad popular libre de presiones financieras o de fuerza, y que la revisión institucional de estas anomalías es indispensable para evitar que se normalicen dentro de la vida pública del país.
Hacia el cierre de su posicionamiento, el partido guinda centró su mensaje político en la futura conformación del Poder Legislativo del estado. Los firmantes aseguraron que el pueblo de Coahuila merece un Congreso local que emane genuinamente del voto libre y no de la coacción, por lo que mantendrán la batalla legal para que las autoridades competentes revisen a detalle la validez de los sufragios emitidos en los distritos de la entidad.
